Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales-Universidad Nacional de Río Cuarto
El viernes al mediodía, en el Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se realizó una conferencia de prensa encabezada por la rectora Marisa Rovera, el decano Germán Barros y el director de Asuntos Jurídicos de la UNRC, Dr. Hugo Abraham. En el encuentro se brindaron detalles sobre el accionar institucional en el marco de la causa que investiga la Justicia Federal por el presunto uso indebido de equipamiento universitario con fines particulares.
En relación con el caso —que involucra a cinco profesionales, tres de ellos personal técnico de apoyo del CONICET y los otros dos, docentes de la Facultad—, el decano Barros informó que el Consejo Directivo resolvió aplicar una suspensión preventiva a las personas imputadas, la cual queda en suspenso para quienes se encuentran con licencia médica (no se puede suspender a alguien que está con licencia). Una vez finalizada dicha licencia, la suspensión comienza a hacerse efectiva. Además, esta medida está supeditada a la evolución de la investigación judicial y a sus eventuales resultados. En caso de que la Justicia desvincule a alguna de estas personas de la causa, la suspensión deja de tener efecto aunque no se hayan cumplido los 30 días.
El Dr. Hugo Abraham explicó que esta medida “puede extenderse hasta un máximo de 90 días, según lo establece la normativa vigente”.
Según el informe de la Fiscalía, las personas involucradas son Lucas Gallarato, Oscar Masciarelli, Judith Reinaga, y las docentes Analía Llanes y Julia Iparraguirre, a quienes el Consejo Directivo resolvió aplicar una suspensión preventiva (en suspenso por licencia médica).
El decano Barros manifestó cómo esta situación afecta la vida institucional: “Esto es absolutamente inédito para la universidad. Existe un malestar, una sensibilidad que está a flor de piel en cada uno de los integrantes de esta comunidad, porque se trata de personas que transitan cotidianamente por nuestra Facultad. Por eso, si la Justicia determina que actuaron de manera incorrecta, ilegal o fuera de la ley, se tratará de hechos inadmisibles y la Justicia tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias. Y así lo entendió el Consejo Directivo”.
Sobre el vínculo de los imputados con la Universidad, Barros detalló que tres de ellos pertenecen al CONICET como personal de apoyo, aunque desarrollan tareas en institutos de doble dependencia, con aval de la Facultad respecto de su lugar de trabajo. Los otros dos imputados son docentes efectivas de la institución: una con cargo de profesora y la restante con cargo de auxiliar.
Asimismo, indicó que uno de los imputados, además de su rol como personal del CONICET, tenía un contrato como auxiliar suplente en la Facultad desde el 12 de marzo, con vencimiento en agosto de este año.
Respecto de la medida adoptada, sostuvo: “La universidad debe actuar en el marco de lo que establecen la ley y sus reglamentos. Las suspensiones preventivas no constituyen sanciones, sino medidas precautorias para resguardar el funcionamiento institucional mientras avanza la investigación judicial”.
Y agregó: “Tenemos más de 2.500 estudiantes en nuestra Facultad y más de 300 docentes, muchos de los cuales son investigadores que trabajan en condiciones difíciles, con salarios que no son dignos. No podemos permitir que hechos aislados opaquen el prestigio y la labor de toda la comunidad universitaria”.
Rovera: “Desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Justicia”
La rectora Marisa Rovera remarcó que, desde el inicio del proceso judicial, la Universidad actuó con celeridad y responsabilidad institucional: “Desde el primer momento cumplimos estrictamente con los procedimientos internos y nos pusimos a disposición de la Justicia. El pedido de informe que realizamos el 14 de mayo obedeció a que no contábamos con información formal sobre el estado del proceso penal, y fue respondido el 22 de mayo”, explicó.
También destacó que el abordaje institucional fue articulado entre el Rectorado, la Facultad y el Área de Asuntos Jurídicos, con la premisa de preservar el rol y el valor de la universidad pública: “Este es un hecho puntual, aislado, que merece ser investigado. Pero de ninguna manera puede interpretarse como una práctica institucional ilícita. La Universidad cuenta con más de 300 servicios a terceros, todos ellos regulados, aprobados por los consejos directivos de las facultades y ratificados por el Consejo Superior”.
En relación con el posible impacto social sobre la imagen de la UNRC en caso de que se confirme la denuncia, la rectora manifestó: “De comprobarse el hecho, se trataría claramente de conductas individuales. No podemos permitir que un caso como este empañe la legitimidad social que la universidad pública ha construido a lo largo de más de 50 años”.
Hugo Abraham: “La suspensión es una medida precautoria, no una sanción”
El director de Asuntos Jurídicos de la UNRC, Dr. Hugo Abraham, brindó precisiones sobre las responsabilidades legales y administrativas. Indicó que, para las personas que mantienen una relación laboral directa con la Universidad, se iniciará un sumario administrativo en paralelo con la causa penal: “Ese sumario debe determinar el grado de responsabilidad, lo que podría derivar en una sanción disciplinaria, que va desde una suspensión hasta una exoneración”.
Para quienes tienen vínculo a través del CONICET, Abraham explicó que la medida adoptada por el Consejo Directivo —la suspensión del uso de espacios físicos— está relacionada con la “venia académica” que otorga la Facultad para el desarrollo de sus tareas en el ámbito universitario.
También recordó que debe regir el principio de inocencia durante todo el proceso: “No hay que perder de vista que se trata de una investigación en curso. Las medidas preventivas no implican un juicio de valor. Cualquier sanción definitiva dependerá de lo que determine el proceso judicial”.
Abraham remarcó que la Universidad está colaborando de manera constante con la Justicia y que todos los contratos, servicios y convenios fueron puestos a disposición: “Somos muy cuidadosos porque gestionamos un patrimonio público, y todo lo que se nos ha requerido fue remitido oportunamente”.
